De Guindos y Venizelos, el ministro de Economía griego | Consejo

Sólo una hipótesis servía al Gobierno y se ha hecho realidad. Eurostat, la oficina estadística comunitaria, confirmó este lunes la cifra de déficit de 2011 de España: un 8,5% en relación al PIB en 2011. Se trata del tercer déficit más abultado de la Unión Europea, tras el de Irlanda (13,1%) y Grecia (9,1%). La media de la eurozona se sitúa en el 4,1%.

La cifra es en sí una mala noticia, ya que confirma una desviación de 2.500 millones de euros respecto al objetivo previsto y supone un doloroso incentivo para los recortes que con tanto empeño está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, sabe a gloria porque no destapa ningún gasto oculto y compensa la falta de credibilidad estadística del Gobierno. El anterior pronosticó un 6% y las comunidades autónomas lo dispararon hasta el 8,51%. El actual Ejecutivo anunció en diciembre en torno a un 8% y acabó revisando al alza su propia cifra.

Los datos de Eurostat habían sido presentado por la Comisión Europea con mucha pompa y suspense. No en vano, era una de las pruebas clave que España tenía que superar para evitar una intervención total de sus cuentas públicas y la maldita lluvia de millones que deja a un país fuera de la circulación de la financiación.

La noticia también acaba con los rumores, extendidos por medios como la agencia Reuters en notas como esta, en los que se citaba a varias fuentes que aseguraban, siempre desde el anonimato, que el Gobierno había inflado sus cifras de 2011 para verse legitimado en sus ajustas y para que el recorte de 2012 supiera a más.

A los defensores de esta teoría siempre les resta la posibilidad de consolarse diciendo que la cifra de Eurostat está maquillada para evitar un rescate. Lo cierto es que un déficit menor del 8,51% certificado por el Gobierno acabaría con la credibilidad del propio Gobierno y con la de los técnicos que elaboran las estadísticas. Metería a España de lleno en la senda trazada por Grecia, que durante años mintió sobre su gasto público en los datos que remitía a Bruselas. Por otra, si la cifra superaba el 8,51%, la credibilidad de las estadísticas quedaría también tocada y el Gobierno tendría que anunciar aún más recortes.

Todos esos escenarios, ahora descartados, provocarían una enésima y quizás letal tormenta en los mercados. El alivio, aunque grande, no es definitivo. La Comisión Europea todavía puede proponer que se imponga una multa a España por el desvío (de 2,5 puntos respecto a lo comprometido) y todavía no ha emitido su veredicto sobre los presupuestos, que sigue estudiando al tiempo que pide mano dura para las comunidades autónomas. En las próximas semanas, España todavía tiene muchas pruebas que superar.